Confederación Sindical Internacional
Reforzar el Poder de los Trabajadores
En una época en que trabajadores y trabajadoras de todo el mundo se enfrentan cada vez más a decisiones cotidianas imposibles, como tener que elegir entre alimentar a sus hijos o vestirlos, sus gobiernos y dirigentes les están fallando. Mientras millones de hogares se debaten en un extenuante escenario de reducción de ingresos y una arraigada crisis del coste de la vida, los responsables políticos y los empresarios están restringiendo drásticamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a exigir de manera colectiva unos salarios más justos o a ejercer lícitamente su derecho a la huelga.
No se está respondiendo a los reiterados llamamientos a favor de unas condiciones de trabajo y unos salarios justos, y los gobiernos están demoliendo el derecho a la huelga y a la negociación colectiva, por lo que la fe de los trabajadores en la democracia se está desmoronando. Este año, 4.000 millones de personas acudirán a las urnas, y los sistemas autoritarios de derechas están acechando, buscando chivos expiatorios fáciles a los que culpar en vísperas de las elecciones, y presentando su propio programa desfavorable a los trabajadores para ponerlo en práctica después. La democracia está en peligro.
Casi 9 de cada 10 países del mundo han vulnerado el derecho de huelga, mientras que aproximadamente 8 de cada 10 países han denegado a los trabajadores el derecho a negociar colectivamente mejores condiciones laborales. Una novedad profundamente preocupante que cabe destacar este año es que en el 49% de los países se ha detenido o encarcelado arbitrariamente a miembros de sindicatos, un aumento frente al 46% registrado en 2023, y que más de 4 de cada 10 países han denegado o limitado la libertad de expresión o de reunión.
Estas cifras y tendencias acentúan un panorama mundial en el que derechos democráticos y libertades civiles que tanto ha costado conseguir están siendo objeto de graves e implacables ataques. Por eso este año la CSI ha lanzado su campaña Por la Democracia en apoyo de los derechos y las libertades que todas las personas deben poder disfrutar sin temor a verse perseguidas o reprimidas.
En términos reales, en 65 de los 151 países encuestados se ha infringido este derecho, lo que supone un aumento de 29 países respecto a 2014, cuando empezó a elaborarse el Índice.
En Argentina se han llevado a cabo manifestaciones masivas en respuesta a los intentos del presidente Javier Milei de criminalizar las protestas en las calles en el marco de unas duras medidas de austeridad, mientras que Zimbabwe ha introducido una ley que criminaliza a toda persona que haga llamamientos a favor de la imposición de sanciones económicas contra el país.
Tres grandes federaciones sindicales, la CGT, la CTA-T y la CTA-A, se unieron para hacer frente a la grave amenaza que supone el Gobierno de Javier Milei para las libertades civiles y otros derechos básicos en Argentina.
En Egipto se calcula que el número de sindicatos independientes desde 2018, cuando se procedió a la disolución de los mismos, ha disminuido de 1500 a apenas 150. Las autoridades han puesto muchos impedimentos, a menudo absurdos, a los intentos de registrar un sindicato.
La República de Corea ha sido uno de los 151 países que han vulnerado el derecho a llevar a cabo actividades sindicales. El delegado sindical Yang Hoe-Dong falleció tras inmolarse a modo de protesta por el persistente acoso al que las autoridades siguen sometiendo a los sindicalistas.
En Myanmar, las autoridades militares secuestraron a un dirigente sindical y lo mantuvieron incomunicado durante cinco meses, hasta que fue condenado por delitos de terrorismo sin haber podido disponer de representación legal.
En el marco de una amnistía anual organizada por la Junta de Myanmar con motivo de las celebraciones del año nuevo en el país, varias personas aguardan la puesta en libertad de familiares encarcelados. Desde el golpe de Estado militar de 2021, el brutal régimen militar detiene y encarcela a sindicalistas, muchos de los cuales se han visto obligados a exiliarse.
Nueve dirigentes sindicales de Camboya fueron procesados por participar en una huelga pacífica contra la represión sindical en un casino, mientras que las protestas masivas contra la reforma de las pensiones en Francia se vieron violentamente reprimidas por la policía.
Francia ha sido uno de los 131 países que ha vulnerado el derecho de huelga al procesar a sindicalistas que participaron en las protestas masivas del año pasado contra la reforma de la ley de las pensiones.
La situación sigue siendo grave en la mayoría de países. En Marruecos, los jueces no pueden formar ni afiliarse a un sindicato. En Rwanda, los servicios de seguridad no han podido organizarse. Y, en Japón, la ley excluye de este derecho a los bomberos, al personal penitenciario y a la Guardia Costera del país.
En Japón, los bomberos no pueden afiliarse a un sindicato, lo cual vulnera el derecho a la libertad sindical.
En Sri Lanka, el Gobierno eliminó cuatro sindicatos del reconstituido mecanismo consultivo nacional tripartito, el National Labour Advisory Council, gracias a lo cual los empleadores puedan influir más fácilmente en las reformas de la legislación laboral.
En la República Democrática del Congo, una serie de empresas recurrieron a la subcontratación como estrategia para evitar la negociación colectiva y tener que ofrecer unas condiciones justas a los trabajadores.
Un ejemplo escandaloso ha sido el del Tribunal Supremo de Macedonia del Norte, que transfirió al Estado los bienes de la Federación de Sindicatos de Macedonia (CCM), legitimando de hecho la expropiación forzosa de los bienes de un sindicato.
Madagascar ha sido uno de los 99 países donde los trabajadores no disponen de acceso o disponen de un acceso parcial a la justicia.
En Kenya la policía disolvió violentamente una protesta pacífica organizada en Nairobi para reclamar la concesión de plazas a médicos en prácticas tras los prolongados retrasos que se habían producido en el proceso de asignación. En Panamá fueron incendiadas las oficinas de un sindicato que había orquestado una acción contra una concesión minera. Una serie de sindicalistas y trabajadores fueron asesinados o fallecieron a raíz de la violencia en seis países: Bangladesh, Colombia, Filipinas, Guatemala, Honduras y República de Corea.
En 44 países, entre ellos Sri Lanka, los trabajadores se han enfrentado a situaciones de violencia cuando intentaron organizarse y exigir mejores condiciones.
Cada año, el Índice Global de los Derechos de la CSI califica a una serie de países en función de su observancia de los derechos laborales colectivos, y documenta las violaciones por parte de gobiernos y empleadores de derechos reconocidos a escala internacional.
Estos son los 10 peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2024: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Türkiye.
La Federación Rusa y Ucrania han sido reincorporados al Índice en 2024. Tras los ataques rusos, los derechos de los trabajadores de ambos países siguen estando restringidos. En los dos últimos años, la Federación Rusa ha adoptado medidas drásticas contra los derechos y libertades fundamentales, en particular en las zonas ocupadas de Ucrania, mientras que Ucrania ha introducido una serie de regresivas leyes de emergencia que también han restringido los derechos de los trabajadores.
Las calificaciones de 13 países empeoraron en 2024: Arabia Saudita, Costa Rica, Federación Rusa, Finlandia, Israel, Kirguistán, Madagascar, México, Nigeria, Qatar, Sudán, Suiza y Venezuela.
Sólo dos países, Brasil y Rumanía, han registrado mejoras en su calificación.
La puntuación de Rumanía mejoró de 4 a 3 gracias a que el Gobierno restableció los derechos básicos y universales. Se ha ampliado el derecho de huelga y la negociación colectiva es ahora obligatoria en las empresas con más de 10 empleados.
Finlandia ha perdido su puntuación más destacada del Índice después de que la coalición conservadora del primer ministro Petteri Orpo propusiera una serie de reformas que socavarían gravemente los derechos civiles y de los trabajadores.
Las detenciones arbitrarias y la persecución de sindicalistas han hecho que la puntuación de México empeore, situándose en un 4.
La puntuación de Nigeria empeoró a 5 debido a que los sindicatos y sus miembros han sido objeto de repetidas injerencias por parte de las autoridades estatales desde las elecciones presidenciales celebradas en febrero de 2023.
Oriente Medio y Norte de África sigue siendo la peor región del mundo para los derechos de los trabajadores, con una calificación media de 4,74, lo que supone un deterioro significativo y alarmante respecto al 4,53 obtenido en 2023. Todos y cada uno de los países de esta región han excluido a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato, han vulnerado el derecho a la negociación colectiva y han impedido el registro de sindicatos. En el 95% de los países de Oriente Medio y Norte de África se ha vulnerado el derecho de huelga.
Este año, las calificaciones de Arabia Saudita, Israel y Qatar y han empeorado.
La región se paralizó por los conflictos y por la consiguiente ruptura del Estado de derecho. En semejantes condiciones desesperadas, no ha sido posible garantizar los derechos laborales fundamentales en Libia, Palestina, Siria y Yemen.
Oriente Medio y Norte de África sigue siendo la peor región del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, con una puntuación de 4,74. Qatar no ha cumplido todavía sus compromisos de mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Aunque se supone que los trabajadores migrantes pueden cambiar libremente de empleo, según la OIT, entre septiembre de 2020 y octubre de 2023, un tercio de las más de un millón de solicitudes presentadas para hacerlo han sido rechazadas.
Asia-Pacífico ha seguido siendo la segunda peor región del mundo en cuanto a derechos de los trabajadores, con una calificación media de 4,13, lo que supone una mejora insignificante respecto a 2023. Cerca de 9 de cada 10 países de la región excluyen a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato, han vulnerado el derecho de huelga y han impedido el registro de sindicatos.
Destacados dirigentes sindicales han sido con frecuencia víctimas de persecución y acoso en toda la región. En Camboya, Irán y Myanmar se ha detenido y condenado a sindicalistas a duras penas por cargos falsos. Las autoridades reprimieron violentamente una serie de huelgas en Bangladesh, mientras que el Gobierno de la República de Corea ha seguido persiguiendo a los sindicatos mediante el uso ilegítimo de fiscales y la criminalización de las actividades sindicales. Las protestas se han visto sistemáticamente interrumpidas por la policía, y se han dado casos de sindicalistas que han sufrido agresiones físicas. Tres años después del golpe militar de 2021, la Junta de Myanmar ha seguido reprimiendo al movimiento sindical independiente.
En Indonesia, los sindicatos hicieron campaña contra la infame Ley Ómnibus, que elimina la protección del salario mínimo para casi todos los trabajadores indonesios y exime a las microempresas y a las pequeñas empresas de la obligación de participar en la negociación colectiva en un país donde cerca del 97% de los trabajadores y las trabajadoras están empleados en microempresas y pequeñas y medianas empresas.
Afganistán ha seguido enfrentándose a una crisis humanitaria profundamente arraigada, lo que ha repercutido gravemente en el bienestar de los trabajadores y en sus expectativas. La OIT calcula que, tras el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, se han perdido en un año más de más de 900.000 puestos de trabajo. Los jóvenes y las mujeres trabajadoras son los más afectados; de hecho, a las mujeres ya no se les permite trabajar.
Asia-Pacífico es una de las peores regiones para los trabajadores y las trabajadoras, con una puntuación media de 4,13. El Primero de Mayo se organizaron una serie de protestas para reclamar el respeto de los derechos de los trabajadores en la República de Corea, donde los sindicatos se ven sometidos a una persecución y acoso sistemáticos, en particular mediante litigios vejatorios.
Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos de África se han mantenido prácticamente iguales que en 2023 a nivel regional, con una calificación media de 3,88. Más del 90% de los países de la región excluyen a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato y han vulnerado el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Este año, las calificaciones de Madagascar, Nigeria y Sudán han empeorado.
En unas economías que dependen en gran medida del sector de la economía informal (el 87% de todo el empleo del África subsahariana), los trabajadores y las trabajadoras se han visto sistemáticamente excluidos de la protección laboral y no han podido ejercer su derecho a establecer y afiliarse a un sindicato.
Se han dado ejemplos flagrantes de represión sindical en Guinea y Madagascar, amenazas y despidos de trabajadores en huelga en Burkina Faso y Camerún, y agresiones policiales contra trabajadores en huelga en Kenia y Sudáfrica.
En Burundi, el partido en el poder ha seguido consolidando su control sobre las instituciones y debilitando y sofocando a la oposición política, por lo que las libertades civiles se han visto duramente reprimidas. La República Centroafricana, Somalia y Sudán han seguido viéndose profundamente afectados por conflictos y crisis humanitarias que han erosionado el acceso a medios de subsistencia y las condiciones de trabajo.
En Sudán del Sur, la situación humanitaria y los derechos humanos se han deteriorado aún más debido al conflicto en curso, y los trabajadores de los servicios públicos no han cobrado su sueldo desde agosto de 2023.
Los recientes golpes de Estado en países de África Occidental también han afectado gravemente a las actividades sindicales y las libertades civiles. En Burkina Faso, por ejemplo, el diálogo social tripartito se ha paralizado desde que se suprimió el Consejo Superior para el Diálogo Social (Haut Conseil du Dialogue Social). En Chad y Gabón, los regímenes militares han reprimido huelgas y protestas, y los sindicatos ya no pueden desempeñar su labor libremente.
La región africana ha obtenido una puntuación media de 3,88. Los sindicatos han seguido siendo objeto de una violenta represión. En Nairobi, una protesta pacífica del Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union (KMPDU) fue violentamente interrumpida por la policía.
Aunque la calificación media de las Américas se mantuvo prácticamente igual, con un 3,56, la región ha seguido siendo la más mortífera para trabajadores y sindicalistas, con 16 asesinatos registrados en 2023–2024. Casi el 90% de los países de la región han vulnerado el derecho de huelga y han impedido el registro de sindicatos.
Mientras que la calificación de Brasil ha mejorado con el Gobierno de Lula, las de Costa Rica, México y Venezuela han empeorado.
En Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras se han dado casos de sindicalistas y trabajadores que han sufrido amenazas de muerte, agresiones y asesinatos selectivos. En Costa Rica, Honduras y Panamá ha habido empleadores abusivos que se han dedicado a reprimir a los sindicatos, sobre todo en sectores donde los trabajadores son ya, de por sí, vulnerables a unas condiciones de trabajo abusivas. Las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales en México, Panamá y Venezuela.
En 2024, las bandas armadas que están sembrando el terror y el caos en Haití intensificaron sus ataques coordinados contra las instituciones estatales y se han hecho con un mayor control de las comunidades. El Gobierno haitiano ha declarado el estado de emergencia, por lo que las condiciones de los trabajadores se encuentran en una situación sumamente precaria.
Sin embargo, en Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos han obtenido grandes victorias en 2023. El sindicato United Auto Workers (UAW) organizó una huelga coordinada, gracias a la cual se consiguieron aumentos salariales y otras concesiones por parte de los fabricantes de automóviles de Detroit. Por su parte, los trabajadores de más de 385 establecimientos de Starbucks votaron a favor de organizarse en sindicatos a pesar de la férrea oposición por parte de la empresa, lo que dio lugar a un proceso enfocado a la negociación colectiva. Asimismo, tras una serie de huelgas históricas contra los estudios de Hollywood, guionistas, actores y trabajadores afines consiguieron aumentos salariales y restricciones en el uso de la inteligencia artificial.
Con una puntuación de 3,56, América es la región más mortífera del mundo para los sindicalistas, y en casi el 90% de los países encuestados se vulnera el derecho de huelga.Sin embargo, en Estados Unidos, pese a la férrea oposición de la empresa, el personal de al menos 385 establecimientos de Starbucks votó a favor de organizarse en sindicatos.
Aunque a menudo considerada un ejemplo a seguir en lo que a derechos de los trabajadores se refiere, la calificación media de Europa ha empeorado de 2,56 a 2,73 debido al deterioro de las condiciones de trabajo y a una mayor erosión de los derechos de los trabajadores. A lo largo del año pasado, en los países nórdicos ha habido intentos concertados de desmantelar pilares fundamentales de la socialdemocracia y persistentes esfuerzos por socavar el derecho de huelga y de protesta. Los movimientos de derechas, que son intrínsecamente desfavorables a los trabajadores, han permitido y fomentado políticas regresivas contra sindicatos y trabajadores.
Como revelan los datos, y contrariamente a su reputación como referente mundial en materia de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, las calificaciones de Europa durante la última década muestran el declive más pronunciado, pasando de un 1,84 en 2014 a un 2,73 en 2024. Este persistente deterioro pone de manifiesto que el modelo social europeo “centrado en los trabajadores” está siendo activamente desmantelado por gobiernos y empresas a un ritmo acelerado, lo que conlleva graves implicaciones para los trabajadores de la región, y el riesgo de desencadenar una espiral descendiente a escala mundial.
Las calificaciones de la Federación Rusa (desde su última calificación en 2021), Finlandia, Kirguistán y Suiza han empeorado, mientras que la de Rumanía ha mejorado.
La criminalización de las huelgas y la estigmatización de los huelguistas en Bélgica y Francia, así como el uso de una definición excesivamente amplia de los servicios esenciales con vistas a restringir o prohibir las huelgas en Albania, Hungría, Moldavia, Montenegro y el Reino Unido, han contribuido al deterioro general de la situación en toda la región.
En Armenia y Polonia se produjeron injerencias por parte de empleadores en las votaciones sindicales, mientras que en Armenia, Grecia, Países Bajos y Macedonia del Norte se crearon sindicatos amarillos para impedir que los trabajadores pudieran contar con una representación independiente.
En Suecia, la empresa Tesla se negó a participar en la negociación colectiva con IF Metall, lo que dio lugar a una huelga en octubre de 2023 y a una histórica muestra de solidaridad por parte de sindicatos de Suecia y países vecinos, con el fin de proteger un pilar básico del modelo social nórdico.
En Bulgaria, la Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria (CITUB) ganó una batalla de 25 años para que se garantizara por ley la posibilidad de presentar cargos penales contra cualquier empleador que vulnere los derechos sindicales. Los sindicatos han encomiado la introducción de las sanciones por el hecho de ofrecer una sólida protección para trabajadores y sindicalistas.
La puntuación media de Europa empeoró de 2,56 a 2,73 en 2024, manteniendo el prolongado deterioro que viene registrando desde el 1,84 obtenido en 2014. Los derechos de los trabajadores se han seguido erosionando en todo el continente, en particular en Suecia, donde miembros del sindicato IF Metall se vieron obligados a ir a la huelga para conseguir un convenio colectivo en la fábrica de Tesla.
El informe de este año es de difícil lectura, una clara y urgente advertencia de que el futuro de la democracia y los derechos fundamentales suscritos por la mayoría de los países a escala internacional están en peligro.
Aunque se han constatado ciertos indicios de mejora, incluso en las peores regiones, el panorama general proyecta un ataque implacable a las libertades civiles y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Esto se produce en el marco de una devastadora crisis del coste de la vida que no da señales de remitir, en una era de disrupción tecnológica en la que el mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad.
Los conflictos mundiales, que afectan a la Federación Rusa, Haití, Israel, Palestina, Sudán, Ucrania y Yemen, no han hecho sino empeorar esta situación, haciendo prácticamente imposible que los sindicatos funcionen con libertad para proteger a los trabajadores, y que las familias trabajadoras puedan acceder a medios de subsistencia al verse obligadas a afrontar las catastróficas consecuencias de la guerra.
Los trabajadores son el corazón latente de la democracia, y su opinión es crucial a la hora de garantizar la vitalidad y la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Por el contrario, cuando sus derechos se ven vulnerados, restringidos y socavados, la propia democracia peligra.
Conforme se aproximan los diversos comicios que tendrán lugar este año en todo el mundo, la campaña de la CSI Por la Democracia aspira a defender y reforzar los pilares de la democracia frente a los intereses creados de la derecha, centrados en erosionar los derechos humanos básicos y las libertades de los trabajadores y las trabajadoras, ya sea para afianzar su control del poder o para acrecentar los beneficios de las empresas a expensas de las familias trabajadoras corrientes.
El presente informe también relata acciones heroicas y valientes de trabajadores y sindicalistas que a menudo se enfrentan a los peligros más graves para mejorar la vida de sus compañeros y defender los derechos democráticos en todas partes. Ya sea en el lugar de trabajo, en la sociedad o a escala mundial, esta es nuestra lucha común. Resulta evidente que el movimiento sindical internacional, en su afán por defender los valores democráticos y los derechos que los sustentan, debe seguir desempeñando un papel integral en la configuración de un mundo más justo y más seguro para todos.
En Haití, que ha obtenido una calificación de 5+, las bandas armadas han sembrado el terror y han llevado a cabo ataques coordinados contra las instituciones del Estado, de modo que la totalidad del orden público ha colapsado. La población civil se ha visto expuesta a secuestros, violencia sexual y violencia de género, asesinatos e intentos por parte de los grupos armados de reclutar a niños.