Durante años, las libertades y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras turcos se han visto implacablemente atacados. Se han reprimido las libertades civiles y se ha perseguido sistemáticamente a los sindicatos y a sus miembros, sobre todo mediante procesamientos por acusaciones falsas.
Además, los empleadores han seguido reprimiendo a los sindicatos, despidiendo sistemáticamente a los trabajadores que han intentado organizarse. Así pues, los trabajadores han luchado por unirse y crear sindicatos, en un clima de miedo y bajo la amenaza constante de represalias.
Líder sindical herido de bala
El 12 de febrero de 2024, Makum Alagöz, presidente del Sindicato de Trabajadores del Textil y el Tejido del Cuero (DERITEKS), recibió un disparo en la pierna mientras visitaba la fábrica Akar Tekstil. Alagöz, que había sido convocado para negociar los salarios y las prestaciones que se adeudaban tras la declaración de insolvencia de la fábrica, fue agredido por Onur Akar, hermano de Hayrettin Akar, propietario de Akar Tekstil. Aunque Alagöz logró escapar con heridas leves, la agresión fue un escalofriante recordatorio del hostil clima antisindical que reina en el país.
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May Day 2023 demonstrations in Istanbul, Türkiye, led to clashes between police and protestors, many of whom were arrested. The workers’ protests focused on the continuing cost-of-living crisis, as well as the exploitative labour practices that are endemic in Türkiye, one of the worst countries in the world for working people.
Juicio contra sindicalistas del sector sanitario
El Sindicato de Trabajadores de la Sanidad y los Servicios Sociales (SES) de Türkiye está siendo juzgado desde mayo de 2021 por sus actividades sindicales. La actual y la anterior copresidentas, Selma Atabey y Gonul Erden, fueron detenidas tras una redada efectuada al amanecer en la oficina del sindicato, y acusadas ambas de terrorismo. Afortunadamente han sido puestas en libertad gracias a las campañas de solidaridad nacionales e internacionales, pero otros activistas sindicales permanecen bajo arresto domiciliario y los cargos penales contra ellos siguen activos.
Antes de la vista judicial del 2 de octubre de 2023, multitud sindicatos que representan a millones de trabajadores y trabajadoras compartieron mensajes de solidaridad en las redes sociales, exigiendo que el Ministerio de Justicia retirara todos los cargos. En la vista, el juez se limitó a aplazar el procedimiento al 20 de diciembre, lo que llevó al sindicato a anunciar que no se rendiría hasta que todos los sindicalistas quedaran en libertad.