El informe concluye que aun cuando los trabajadores tienen en cierta medida el derecho de sindicalización, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga existen severas restricciones para el ejercicio de estos derechos. En la práctica, se han señalado muchos casos de discriminación antisindical y acoso contra miembros sindicales, y el informe concluye que muchas de estas violaciones de los derechos del trabajo quedan impunes. Por otra parte, está muy extendida la discriminación en el empleo y en la remuneración, la cual afecta a las mujeres, las personas indígenas, las personas discapacitadas, las personas que viven con el VIH/SIDA y los homosexuales.
El informe anota las estimaciones según las cuales la mitad de los niños y niñas del país trabajan, principalmente en la agricultura, la manufactura, la venta ambulante y la servidumbre doméstica. Además también se practica el trabajo forzoso, generalmente en la forma de servidumbre por deudas y prostitución forzosa. Se observaron numerosos casos de trabajo forzoso en la región del Chaco, que afectan a personas de origen indígena. El informe insta al Gobierno a reforzar su capacidad para hacer cumplir la ley y a tomar medidas urgentes para abordar las violaciones de las normas fundamentales del trabajo.